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El sistema perverso de las offshore

El sistema perverso de las offshore

El escándalo de los papeles de Panamá demuestra que los paraísos fiscales no toman partido; no son exclusivos de una agrupación política, de un gobierno o de la clase política. Ni siquiera se limitan a Panamá. Son muchos y están abiertos a cualquiera con suficiente dinero, sin hacer preguntas. Lo más grave no es lo que se reveló en los medios, no se trata de los individuos que tuvieron la “mala suerte” de ser deschavados ahora, sino de un sistema perverso en pleno apogeo y expansión.

La opacidad no empezó con Panamá y lamentablemente no va a terminar por este escándalo. Los paraísos fiscales son conocidos, tolerados y hasta fomentados desde hace años, porque benefician a muchos, a costa del resto de la sociedad, claro. Abogados, contadores, asesores fiscales, funcionarios, empresas, individuos. Nadie considera estar haciendo algo malo, todos simplemente creen estar haciendo su trabajo.

Por eso, lo peor no es que haya individuos que recurran a los paraísos fiscales para lavar dinero, financiar terrorismo, evadir impuestos o esconder los frutos de la corrupción. Gente mala hay en todos lados. Lo terrible es que conociendo lo que está pasando, el resto siga sin hacer nada para frenarlo. Si los paraísos fiscales se basan en el secretismo, hay que combatirlos con la transparencia. Si la opacidad se logra escondiendo a un individuo detrás de cadenas de sociedades, fideicomisos y testaferros para que pueda cometer delitos sin ser descubierto, hay que exigir que se identifique a ese individuo, llamado el “beneficiario final”.

Este reclamo encabezado por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) no es utópico, ya existe. Una Directiva de la Unión Europea de 2015 exige crear registros centrales de “beneficiarios finales” para las sociedades y otras personas jurídicas, quienes deberán identificar a sus verdaderos dueños, independientemente de la cadena de empresas de paraísos fiscales que se interpongan. Ucrania, Holanda, Noruega y el Reino Unido fueron más lejos aún, estableciendo registros públicos, para que cualquier comerciante, periodista u ONG, pueda acceder a la información.

Al fin y al cabo, los originarios registros públicos de comercio consideraban a la publicidad como algo esencial. ¿Qué argumentos puede haber ahora para mantener oculto a quien crea una empresa, que en definitiva es una ficción legal?

¿Hay que copiar la normativa europea? No necesariamente. Aunque muchas de estas leyes representan un gran avance hacia la transparencia, el diablo siempre está en los detalles. Por un lado, no existe un registro similar para fideicomisos.

Para que un registro sea efectivo debe incluir a todos los tipos de entidades. De lo contrario, cualquiera que quiera permanecer oculto, elegirá la forma jurídica más opaca. También es necesario definir a quién se considerará “beneficiario final”, para que los requisitos no sean tan exigentes que queden muchos afuera. Igualmente importante es que la información esté disponible online para que cualquier persona, especialmente una autoridad de otro Estado pueda acceder a ella.

Otro detalle relevante es que la información esté digitalizada y en formato de datos abiertos. De esta forma, las autoridades podrían cruzar la información de quienes figuran como beneficiarios finales con sus declaraciones juradas, registros civiles y migratorios, consumos de tarjeta de crédito y extractos bancarios, para descubrir casos de ocultamiento o falsedad.

¿Sirve si no lo hacen todos? Es verdad que aun si la Argentina contara con un registro central y público de beneficiarios finales para todos los tipos de entidades, muchas de las revelaciones de los Papeles de Panamá no hubiesen sido detectadas. Para eso haría falta que todos los países (especialmente los paraísos fiscales) tengan también estos registros. Sin embargo, la Argentina ganaría mucho, incluso si fuera el único país que lo tuviera.

Si Argentina exigiera registrar al beneficiario final de cualquier entidad que quiera operar en el país, ya sea que quiera abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o vender productos y servicios, se volvería mucho más difícil lavar dinero en el país (por ej. comprando inmuebles con dinero del narcotráfico), vender facturas apócrifas para ayudar a otros a evadir impuestos o disimular sobornos y hasta controlar en qué empresas participan los funcionarios públicos para descartar casos de corrupción o conflicto de intereses en los contratos de obra pública y en los proveedores del Estado.

Distintas ONG como Tax Justice Network vienen analizando con funcionarios del gobierno propuestas de transparencia (como los registros de beneficiarios finales) desde antes de la difusión del escándalo. Sería deseable que los Papeles de Panamá sirvan para catalizar la voluntad política de terminar con la opacidad en la Argentina.

Andrés Knobel, Abogado y consultor de Tax Justice Network

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